La economía venezolana viene padeciendo de alta y creciente inflación, lo cual es un problema que ya se vuelve crítico para la economía venezolana y especialmente para las familias de menores ingresos. La inflación ha tomado fuerza en nuestro ambiente no obstante la vigencia de un régimen de controles de cambio y de precios, y el sostenimiento de un tipo de cambio fijo e invariable desde comienzos de 2005. Las políticas económicas del gobierno, fundamentadas desde 2003 en controles de variada naturaleza, represión económica y vulneración de los principios constitucionales de libertad económica y derecho de propiedad, han generado graves distorsiones en los patrones de producción y consumo. El deterioro de la producción agrícola, la escasa inversión en nueva capacidad productiva industrial y agrícola; la corrupción generalizada, tanto en la administración de los controles como en el funcionamiento ordinario del Estado, que persistentemente se señala en los medios; el estancamiento de la producción petrolera, el colapso de las empresas básicas de Guayana y la insolvencia de las empresas financieras públicas, son todos síntomas de problemas económicos graves, que se han manifestado con mayor virulencia desde que los precios del petróleo iniciaron su drástica declinación en el tercer trimestre de 2008.
En éste contexto, el gobierno presentó un Plan Anticrisis el 21 de marzo de 2009. Las medidas que lo componen se corresponden con una equivocada interpretación fiscalista de la naturaleza de los desequilibrios, además de atribuirlos a supuestas perversiones del mercado y del sistema capitalista, y a conductas desviadas de los paradigmas que se corresponden con el llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Esa interpretación conduce a prescripciones de política ajenas a las causas que provocan los desajustes. Entre las causas reales se inscriben las propias políticas del Estado, las cuales se retroalimentan en respuesta a su ineficacia, enfatizando así su signo distorsionador. La conducción de los asuntos públicos se resume, a gran escala, en un proceso de cambios económicos e institucionales improvisado, cuyo elemento más destacado es la creciente intervención del Estado en la economía como ente regulador, pero también como un productor, altamente ineficiente, de bienes y servicios, devenido en esa condición a través de un proceso errático de expropiaciones y compras coactivas de empresas privadas.
Esta circunstancia, unida a la debilidad de la producción nacional, ha exigido un flujo creciente e insostenible de importaciones, y al desbordamiento del gasto público, lo cual ha exacerbado la dependencia de la actividad petrolera, precisamente cuando se ha revertido el ritmo creciente de los precios internacionales de los hidrocarburos. La severa crisis económica global, intensificada a partir del tercer trimestre de 2008, ha contribuido a agravar el cuadro económico nacional, pero en modo alguno puede ser invocada como la causa originaria de los trastornos que afectan a los venezolanos.
El deterioro institucional
Según la Constitución de 1999, la República es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, organizado en forma Federal con fundamento en el principio de la descentralización. Se preservan en esa Constitución, en general, los derechos civiles, políticos y económicos que ya venían del ordenamiento constitucional precedente. Entre los principios que acoge la Constitución económica se encuentran el de libertad económica y el derecho a la propiedad, limitados solamente en los términos que fijen la Constitución y la ley en función del interés colectivo. La expropiación sólo procede por causa de utilidad pública y social, mediante sentencia firme y mediando el justo pago de indemnización. Estos principios han sido consistentemente vulnerados por el Ejecutivo, con la anuencia y el respaldo de los restantes poderes públicos. Se confiere, además, rango constitucional a la coordinación de políticas macroeconómicas y se consagra, aunque con deficiencias, la autonomía del Banco Central de Venezuela. Estos principios, de aceptación universal, no encuentran correlato en la práctica y, por el contrario, la pérdida de la autonomía del Banco Central, en la ley y en los actos, lo inhabilita para el cumplimiento de sus funciones y diluye la pertinencia de la coordinación interinstitucional.
En agosto de 2007, con el expreso propósito de construir una economía y un Estado Socialista, en abierta violación a lo dispuesto en la Constitución de 1999, el Presidente promovió, mediante un referéndum, la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que permitiría su reelección indefinida, introduciría nuevos conceptos de propiedad de los medios de producción, con el consiguiente debilitamiento del régimen de propiedad privada, y definiría una nueva “Geometría del Poder”, según la cual, se anularía la descentralización y se concentraría un poder omnímodo en el Presidente de la República. Todo ello con el objeto de imponer un sistema de planificación central de la economía y el sometimiento y control de los niveles de gobierno de elección popular, es decir, gobernaciones y alcaldías. Aunque el proyecto fue rechazado por 51% de los votantes, la Asamblea Nacional aprobó, a fines de 2007, el Primer Plan Socialista de la Nación (2007-2013) y en julio de 2008 el Presidente aprobó 26 decretos-leyes compatibles con la reforma derrotada en la consulta.
El desconocimiento de mandatos constitucionales no comenzó en 2007. En julio de 2005 se modificó la Ley del BCV para obligarle a transferir (es decir, entregar sin pago alguno) US $ 6 millardos de las reservas internacionales al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), destinado a cubrir parte del gasto público. Aunque esa debió haber sido la única entrega conforme a la ley, el BCV ha transferido a ese Fondo más de US$ 30.000 millones desde entonces, en virtud de la aplicación de un concepto difuso y arbitrario, cual es, la transferencia de aquella porción de las reservas internacionales que exceda al nivel que se aprecie como adecuado. Como consecuencia de esta nociva práctica, se han exacerbado las causas monetarias de la inflación y, con base en principios contables propios de la banca central, puede afirmarse que el patrimonio del BCV es hoy negativo.
En un sentido más general, se ha intensificado la utilización de las instituciones democráticas con propósitos de retaliación y como medio para neutralizar la oposición política al régimen, por vía de procesos judiciales espurios, mediante la inhabilitación de personas con indiscutible respaldo popular, y para desconocer y anular la voluntad expresada a través del voto en las elecciones regionales.
Las políticas económicas
Desde la aplicación de las medidas de recorte del gasto público en 1999, como consecuencia de la merma en los ingresos petroleros, pasando por las políticas derivadas de la turbulencia política interna y los ataques terroristas a EE UU en los primeros años del siglo y, luego, por una fase de intensa expansión del gasto público en correspondencia con los altos precios del petróleo registrados, fundamentalmente, a partir del año 2008, el país enfrenta, de nuevo, una sensible reducción tanto en los precios como en la producción de hidrocarburos, que ha determinado una mayor presión tributaria y la intención de reducir drásticamente el gasto público. Desde la perspectiva de la política fiscal, la respuesta a los vaivenes del mercado petrolero ha sido la de adaptarse a los cambios, elevando o reduciendo las contribuciones y el gasto público, según el caso. En Venezuela se carece de los mecanismos estabilizadores que reclama su condición de país petrolero y, de hecho, los recursos que existían en el entonces llamado Fondo de Estabilización Macroeconómica, fueron consumidos en dos años. Desde el punto de vista cambiario, persiste la política de sustentar la lucha contra la inflación en la relativa estabilidad del tipo de cambio –como fue el caso hasta 2003– y en los controles administrativos con un tipo de cambio fijo, a partir de ese año.
La conducta fiscal del gobierno ha inducido un patrón de inestabilidad económica que repercute en la producción, el consumo, la inversión y el empleo productivo, y de allí que ha comprometido las posibilidades de desarrollo integral que anunciaba la favorable circunstancia petrolera mantenida por cerca de una década. Así, el aumento en el gasto público que se correspondía con la bonanza petrolera, estimuló la demanda de consumo, con la consecuente repercusión en el crecimiento de la actividad económica no petrolera, principalmente en los sectores financiero, de comunicaciones, construcción y comercio, no tanto así en la manufactura y la agricultura. La abundancia de divisas favoreció un rápido y marcado aumento de las importaciones, que en 2008 alcanzaron US $ 48.095, es decir, 55% de las exportaciones petroleras de ese año. Y, sin embargo, el desequilibrio de los mercados y la incapacidad de la política monetaria del Banco Central, contribuyeron a crear intensas presiones sobre los precios de los bienes, especialmente los de primera necesidad. El gobierno ha enfrentado estas presiones con controles de precios, de cambio y una penetrante represión sobre el aparato productivo privado, cada vez que supone conductas alejadas de sus propios parámetros, los cuales resultan ajenos por completo a las realidades de la economía y de los mercados. Por ello, desde fines de 1998 hasta fines de 2008, el Índice de Precios para Caracas ha crecido 556%. La improvisación ha sido un rasgo consistente de las políticas del Estado. En 2007, por ejemplo, mientras aplicaba la reconversión monetaria, el gobierno presentó un Plan Antiinflacionario, que incluía emisiones de bonos en divisas, la reducción de la alícuota del IVA, ampliación del crédito al sector agrícola y una ley especial contra el acaparamiento, la especulación y el boicot. El corolario de estas medidas fue una aguda escasez de bienes básicos y elevadas tasas de inflación de 22,5% y 31,9% en 2007 y 2008, respectivamente.
El gobierno ha podido hacer mucho más por contener la inflación en beneficio de los sectores de menores ingresos, pues ha dispuesto de ingentes recursos para asegurar el crecimiento de fuentes permanentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Pero es que no existe coherencia en las políticas que aplica, ya que la contraparte de un gasto abultado, con transferencias sociales que conceden dividendos políticos en el corto plazo, ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, un deterioro sostenido en la cantidad y calidad de los servicios públicos, inseguridad e incertidumbre, en cuanto a la capacidad del Estado para enfrentar la crisis que se avecina y en cuanto a la propia integridad de bienes y personas en razón del avance de la violencia de carácter principalmente urbano.
Del Plan Anticrisis de marzo 2009 y otros planes por venir
El precio promedio del barril del petróleo venezolano fue de US$ 86,8 en 2008, por lo que una reducción estimada hasta US$ 40 para 2009, en el contexto de los serios problemas económicos acumulados, representa un impacto de magnitud considerable en el orden económico y social, y de allí, en la gobernabilidad del país. Sin embargo, la situación pudo haber sido distinta si hubiese prevalecido un mínimo de sensatez y de orden en la conducción de los asuntos públicos. Al tomar en cuenta el precio promedio del petróleo que ha prevalecido desde 2004, el gobierno podría disponer hoy de elevados ahorros en el fondo de estabilización que contribuyeran a suavizar los efectos de la caída del ingreso petrolero. Más aún así, si hubiese adoptado una política racional de producción y de comercialización, preservando el interés nacional por encima del interés geopolítico circunstancial. Pero no es ese el caso. En respuesta a su imprevisión, el gobierno puso en marcha un Plan Anticrisis improvisado e incompleto, según el cual, reducirá el gasto presupuestado para 2009 en una proporción tal, que implicaría disminuir el gasto fiscal efectivo en términos reales en más de 30%; incrementó la alícuota del IVA –después de haberla reducido– y, por lo que hoy se conoce, endeudará a la República y a PDVSA por más de US$ 15.000 millones, con lo cual la deuda pública total de ambas entidades podría alcanzar a US $ 75.000 millones al cierre de 2009. Además, el gobierno está aplicando severas restricciones a la entrega de divisas a través de CADIVI, está excluyendo bienes de la lista favorecida con divisas preferenciales, y PDVSA ha intervenido en el mercado de permutas contrariando la ley, no obstante lo cual, el tipo de cambio en ese mercado es superior en más de 200 por ciento al tipo de cambio oficial.
La crisis encuentra a Venezuela con una dependencia casi total del ingreso petrolero, con una empresa petrolera estatal sensiblemente deteriorada en su capacidad gerencial, operativa y financiera, y con un aparato productivo privado que ha sido premeditadamente asfixiado. A ello se agrega el avance del proceso de deterioro institucional, pues los poderes públicos son cada vez más parciales y dependientes del Ejecutivo; el BCV financia el gasto público con las reservas internacionales que deberían respaldar la liquidez monetaria, y relaja su política monetaria para permitir el endeudamiento del gobierno; las cuentas públicas no reflejan transparencia y se han intensificado los alegatos de corrupción, amparada por la impunidad. En este estado de cosas, continuará acentuándose el deterioro económico, social e institucional que afecta a los venezolanos, como consecuencia directa de las políticas en aplicación y por aplicar por parte del gobierno venezolano y del clima de desasosiego que vive el país.
El paquete de medidas de marzo 2009, resulta esencialmente fiscalista, insuficiente, desarticulado y carece de la consistencia mínima para proveer crecimiento y estabilidad económica a Venezuela. Es por ello que no logrará atenuar las presiones inflacionarias, ni la caída del salario real. Sus secuelas serán percibidas por la población en forma más evidente a través del alza de los precios de los alimentos y de otros bienes y servicios, y de la erosión del valor de compra de las transferencias sociales. La escasez de productos nacionales y la inevitable reducción de las importaciones; la paralización de empresas privadas por falta de insumos y la interrupción de obras por falta de pago a contratistas y proveedores del Estado, en especial en los casos de PDVSA y las empresas básicas de Guayana; así como la menor actividad económica en la cadena de empresas relacionadas, generará un creciente desempleo y un proceso continuo de empobrecimiento. Algunos creen que éste cuadro se resolvería automáticamente con sólo elevarse el precio de petróleo. No comprenden la magnitud del daño estructural causado a la economía venezolana. Tampoco consideran la desviación de esfuerzos y de recursos desde las áreas productivas de mayor impacto económico hacia aquellas que se favorecen de las distorsiones generadas por las políticas públicas, entre ellas, la marcada apreciación cambiaria.
Queremos advertir al país sobre este grave cuadro económico, social e institucional, no con el propósito de acentuar la ansiedad que prevalece entre los venezolanos, sino para resaltar el hecho de que los desequilibrios y distorsiones que se vienen conformando en los últimos años, tendrán impactos negativos de importancia sobre la vida de los venezolanos debido a los graves errores de interpretación de la realidad nacional y de diseño y ejecución de las políticas que se llevan a cabo bajo la presente gestión gubernamental.
www.pensarenvenezuela.org.ve
Caracas, martes 12 de mayo de 2009
SARY LEVY
DOMINGO MAZA ZAVALA
PEDRO PALMA
HECTOR SILVA MICHELENA
HECTOR MALAVE MATA
HUMBERTO GARCIA LARRALDE
CARLOS HERNANDEZ DELFINO
ISAAC MENCIA
FRANCISCO FARACO
JOSE GUERRA
ORLANDO OCHOA
VICTOR OLIVO
LUIS CARLOS PALACIOS
TEODORO PETKOFF
RONALD BALZA
JESUS CASIQUE
ALCIDES VILLALBA
WILLIAM CAMACARO
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